Quito, Ecuador- La Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (Dinardap), dio a conocer, el miércoles 11 de septiembre del 2019, el contenido del Anteproyecto de Ley de Protección de Datos Personales, a representantes de la sociedad civil.

Daniela Macías, directora de Protección de la Información de la Dinardap, manifestó que una Ley de Protección de Datos Personales evita el robo de información sensible. Destacó que esta normativa protege a los ciudadanos, garantiza derechos, fomenta la democracia y la transparencia, dinamiza la economía y favorece la innovación.

Señaló también que esta Ley “no controla las redes sociales o Internet, no permite la impunidad, no limita la libertad de expresión ni restringe el libre flujo informacional”.

Janette Colamarco, directora ejecutiva del Estudio Jurídico Legal TECH, indicó que las leyes de protección de datos son claves en el entorno digital. “Son leyes de gobernanza de internet que tienen la característica en la que deben participar todos los sectores de la sociedad”, puntualizó.

Añadió que es vital que Ecuador cuente con una normativa que proteja los derechos de los usuarios y al mismo tiempo que permita “esto que es parte de la revolución digital que vivimos actualmente, como es promover el crecimiento económico a través de una ley equilibrada que proteja los datos del ciudadano y fomentar la innovación”.

Los datos son importantes porque dan poder y junto con la información general recursos económicos. Así lo explicó Diego Álvarez representante de la Asociación Ecuatoriana de Protección de Datos Personales (AEPDp), tras presentar a la sociedad civil, la ponencia ‘Aspectos básicos de protección de datos personales’, con el fin de crear conciencia sobre este tema.

Expresó también que es habitual recoger datos para facilitar la vida diaria de las personas, pero que su mal uso puede afectar a datos sensibles.

A finales del año 2017,  la Dinardap inició con la socialización del contenido del Anteproyecto de Ley con delegados de diversos sectores como el público, privado, academia, sociedad civil y ciudadanía en general. La normativa se difundió en distintas ciudades del país, mediante las mesas de diálogo que realizó la institución./DCS.