BOLETÍN OFICIAL 191

 22 de abril de 2021

 Quito, Ecuador. – “La sociedad civil es el principal veedor para que esta ley realmente cumpla con su objetivo, que es salvaguardar la información de los ecuatorianos”. Así lo manifestó el asambleísta Fernando Flores, presidente de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional, al referirse al Proyecto de Ley de Protección de Datos Personales.

“Los doce legisladores que somos miembros de la Comisión, desde el comienzo, tuvimos el compromiso de trabajar para tener esta Ley lo antes posible”, manifestó, tras añadir que las mesas técnicas de trabajo efectuadas, con la comparecencia de expertos locales e internacionales, les permitió dar un enfoque a la normativa, tal como lo requiere la realidad ecuatoriana.

El legislador destacó que, en el caso de otros países, estos han tardado diez, ocho o quince años en tener una Ley que proteja datos personales, por lo que “creo que es verdaderamente un triunfo de la Comisión, un triunfo de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (Dinardap), porque ha sido quien nos ha dado los insumos, con quienes hemos trabajado de la mano”, porque coincidimos en la necesidad de tener una ley que proteja los datos de los ciudadanos.

“Ha sido un éxito trabajar de la mano del Ejecutivo, para, en el menor tiempo posible, tener esta ley”, acotó. En este sentido, el asambleísta dijo que están a la espera que el presidente de la Función Legislativa convoque al segundo debate de este cuerpo legal.

En el primer debate, dijo, se recopiló “la mayoría de las observaciones que se han dado por parte de los legisladores, hemos recogido otras recomendaciones (…), es decir, esta ley se ha hecho en consenso entre el Legislativo, el Ejecutivo y la sociedad civil”.

Fue enfático al señalar que se contará con una Ley en donde se garantice la protección de los datos de los ecuatorianos, así como también la implementación de medidas legales, de control, sobre el manejo de esta. Reiteró que tanto las empresas públicas como privadas que manejan datos, deben mantenerlos a buen resguardo y que ellos deben ser quienes tomen las medidas necesarias para que esos datos sean usados para lo que el ciudadano entregó y que no sean utilizados de otra manera.

“Hemos logrado crear una superintendencia que va a controlar justamente al ámbito privado y público, que va a ser autónoma para que pueda actuar y sancionar, de ser el caso, cuando los datos de los ciudadanos estén expuestos”, puntualizó.

Finalmente, recordó la situación que se vivió en el 2019, año donde se sustrajo información de casi 20 millones de ecuatorianos, “lo que indudablemente preocupó mucho, porque no se sabía qué datos se sustrajeron y cuál fue el uso que les dieron”. /DCS