Quito, Ecuador.- En el auditorio de la Asamblea Nacional, la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (Dinardap), en alianza con la Unesco, llevó a cabo el Seminario de Formación y Fortalecimiento de conocimientos en protección de datos personales y acceso a la información pública, dirigido a la Función Legislativa.

Participaron en este encuentro, la Directora Nacional de Registro de Datos Públicos, Lorena Naranjo Godoy; Jorge Lanas, subsecretario de Fomento de la Sociedad de la Información y Gobierno en Línea, del Mintel; Saadia Sánchez Vegas, Directora de la Oficina de la Unesco en Quito y Representante para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela; las expertas María Paz Canales e Iria Puyosa, consultoras de la Unesco y Verónica Arroyo, de la organización Access Now.

El objetivo de este Seminario fue dar a conocer a asambleístas y asesores el contenido del anteproyecto de Ley de Protección de Datos Personales para que se sumen a los diálogos para seguir fortaleciendo esta Ley que, a criterio de Jorge Lanas, subsecretario de Gobierno en Línea del Mintel, se constituya en una propuesta que fortalezca la política de Telecomunicaciones para el desarrollo del país.

El proceso de construcción de este anteproyecto de Ley inicio en el 2017 y desde mayo de 2019 el documento se encuentra en el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.

De acuerdo con Saadia Sánchez, directora de la Oficina de la Unesco en Quito y Representante para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, este seminario pretende ser el punto de partida para promover la adopción de un debate sobre la Ley de Protección de Datos Personales, con enfoque de ciudadano, resguarde la libertad de expresión y acceso a la información.

El Derecho a la Protección de Datos Personales está consagrado en la Constitución de 2008, pero al no tener una norma que lo regule, se pueden transgredir otros derechos.

Tal como lo explicó la Directora Nacional de la Dinardap, Mgs. Lorena Naranjo Godoy. «Por un error en una base de datos existe muchas dificultades para que el ciudadano haga valer sus otros derechos, como el de trabajo». /DCS