BOLETÍN OFICIAL 561

27 de noviembre de 2020

Quito, Ecuador- Las tecnologías están cambiando los paradigmas en la Administración pública de los Estados y los funcionarios deben adaptarse a estos cambios para mantener servicios eficientes, a través de la capacitación y desarrollo de habilidades, con esta conclusión concluyó el Seminario Internacional Derecho Administrativo y las tecnologías, espacio donde la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (Dinardap) participó con la ponencia Transformación digital en los Registros Mercantiles.

El evento, organizado por la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB) y el Instituto Ecuatoriano de Estudios de Derecho Administrativo y Social (IDEAS), contó con la participación de expertos nacionales e internacionales en materia de administración pública, quienes desde sus ámbitos de acción y conocimientos explicaron los beneficios de usar las Tecnologías de la Información y de la Comunicación para garantizar a los ciudadanos trámites más eficientes.

Servicios que no solo deben validarse con la adquisición de equipos sino también con la inversión en capacitación y fomento de habilidades tecnológicas para los funcionarios públicos, así lo destacó la experta española Concepción Ramos, codirectora Red Localis, organización conformada por profesores e investigadores universitarios y profesionales, que busca generar el debate público sobre la gestión municipal.

“(…)  Las tecnologías están cambiando paradigmas por lo que hay que replantearse el Derecho Administrativo. (…) Apenas el 4.8 por ciento de la población antes de la COVID-19, tenía habilidades tecnológicas, la situación ahora ha cambiado”, puntualizó la experta.

La crisis sanitaria mundial, hizo que la digitalización acelerara los procesos administrativos. En España el efecto generó un debate sobre el modelo que se debería seguir, para no detener los servicios y donde las decisiones que se tomen afecten lo menos a las personas, sobre todo en lo respecta al desenvolvimiento en las actividades nuevas que se van generando

Sin embargo, señaló, este proceso de digitalización no implica que la tecnología sustituya la empatía, innovación o creatividad (cualidades netamente humanas). Es por ello que debemos repensar el sector público desde un enfoque de las competencias digitales y competencias blandas, “Hoy más que nunca estamos necesitados de liderazgo y me resisto a pensar que este deba caer en una máquina”.

“Los desafíos del sector público incluyen ponerse las gafas del siglo XXI. Significa analizar la demanda de servicios, es decir, que haya un efecto de sustitución y complementariedad, pero siempre analizando que vamos a necesitar”, dijo.

Finalmente, refirió que la protección de datos es un reto frente a la digitalización. Por ello es obligación de las administraciones públicas del mundo proteger la privacidad de las personas.

Por su parte, Cecilia Danesi, docente, investigadora, conferencista y autora especializada en Inteligencia Artificial, narró la experiencia de Prometea, un sistema argentino de inteligencia artificial cuyo objetivo es agilizar la justicia y permitir un mejor uso de los recursos.

El sistema, señaló la docente, resuelve pleitos de diversa materia, pero sencilla resolución: infracciones menores, accidentes de tráfico, entre otros. Según señaló, el 96% de efectividad responde a que como el sistema hace un procesamiento de información en grandes volúmenes reduce los casos, lo que genera que los jueces puedan analizarlos y decidir en menor tiempo.

Sin embargo, puntualizó, este sistema, así como su ‘hijo’ Pretoria, que funciona en la Corte Constitucional de Colombia, no funcionaría como tal si los empleados judiciales no recibieran una adecuada capacitación y se potenciarán sus talentos

Para la experta, la inteligencia artificial (IA) debería ser una política de Estado. Explicó que las naciones no pueden quedarse al margen de la utilización de esta y más con la llegada de la COVID-19; sin embargo, esta debe aplicarse utilizando las normas y reglas de protección de datos personales.

Pablo Schiavi, docente universitario y miembro de la Red Iberoamericana de Contratación Pública contratación pública digital, abordó el papel de la digitalización en el sistema de contratación pública, en Uruguay, entendiendo al ser humano como eje de evolución del sistema, algo que se aborda a través de la capacitación.

“Históricamente tenemos un desarrollo en lo referente a principios generales de la contratación administrativa, pero como operadores del derecho, debemos accionarnos a esta nueva contratación administrativa electrónica”, dijo.

La transformación digital no debe ser una carga para el ciudadano y su implementación deber ser progresivo en el menor tiempo. Así también, debe tener un sistema de soporte para resolver problemas en tiempo real, aceptar documentos en formatos abiertos, garantizar altos niveles de seguridad, pero la capacitación e inducción del funcionario público debe ser una necesidad y obligación del Estado, explicó, al tiempo que aclaraba que la herramienta tecnológica mitiga el riesgo, pero el riesgo cero no existe pues su accionar depende de las personas

“La transformación digital llegó para quedarse y es un gran desafío para la administración pública”.

En Ecuador, la carrera por la digitalización del Estado no ha sido una novedad, así lo expuso, Diego Torres, abogado en libre ejercicio, quien con la ponencia Administración pública, prestación de servicio y gobierno electrónico, hizo un recorrido normativo y legal del proceso de digitalización de Estado.

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), Ley de Defensa del Consumidor, Ley de comercio electrónico, firmas y mensajes de datos, Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado o la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua, entre otras normas, ya mencionan la necesidad de digitalizar la administración pública ecuatoriana

Asimismo, calificó de hito cuando en el 2017 se expidió el Código Orgánico Administrativo, que entre sus articulados ya dispone adoptar instrumentos de carácter electrónico para su gestión, así también cuando en el 2018 se publicó el Plan Nacional de Gobierno Electrónico 2018 – 2021, Ley para Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativo

Sin embargo, con la crisis del COVID-19, la Ley de Apoyo Humanitario, cuya intención era reactivar la economía, presentó algunas falencias. “Se incumplieron algunos principios normativos, principalmente porque no estuvimos preparados. Los ciudadanos muchas veces estaban imposibilitados de acceder a los trámites, sea porque no había interconexión adecuada o faltaba pericia para hacerlo o no hay acceso a internet ni de otras herramientas tecnológicas, acotó.

Tras el enfoque teórico del proceso de transformación digital de la administración pública, el turno le llegó a la directora nacional de Registro de Datos Públicos, Lorena Naranjo Godoy, quien explicó en el proceso llevado a cabo por los Registros Mercantiles del país, durante la pandemia.

“Hay que entender el concepto de país digital; así, se podrá trazar una hoja de ruta, donde la sociedad sea corresponsable de conducir al país a este objetivo”, acción en la que la academia, sociedad civil, empresa y Estado potencian el crecimiento del país.

Indicó que existen elementos que ayudan y conducen a esta digitalización; entre ellos la interoperabilidad, gobernanza de los datos, ciberseguridad y protección de la información, concibiendo por supuesto, que es el ser humano el centro de este desarrollo.

Y que, partiendo, en la coyuntura actual, de valores como la resiliencia, ética y transparencia, inclusión, responsabilidad e innovación, que conducen a la tan anhelada transformación digital. Es así que, desde la óptica gubernamental, el funcionario/servidor público precisa adaptase al cambio, para potenciar no solo la gestión interna sino involucrar a la ciudadanía en este proceso de tal manera que sea un engranaje que consolide la digitalización de los Estado.

Con la aprobación de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Dato Públicos (Sinardap), la Dinardap, ha trabajado, desde antes de la pandemia, pero acelerada por esta, en la digitalización de los Registros Mercantiles (sobre los cuales tiene injerencia administrativa directa) así como en los Registros Mixtos (de la Propiedad con funciones y facultades Mercantiles (cuya administración es compartida con los Municipios).

Para el efecto, la Dinardap (matriz) en coordinación con las seis direcciones regionales de la Dinardap en territorio se encuentra implementando varios sistemas o plataformas para que los usuarios puedan acceder a sus trámites de manera virtual.

El mejoramiento del sistema de interoperabilidad, la homologación de trámites, de los Registros Mercantiles para que integren a la plataforma GOB.EC; la implementación del Sistema de Actos Notariales y Registrales y la creación del aplicativo de turnos, para atención personalizada enmarcada en criterios de bioseguridad; son algunos de los proyectos alcanzados en la coyuntura actual.

El avance alcanzado en cada uno de estos proyectos durante esta crisis nos ha enseñado la importancia de apertura y comprensión por parte de los funcionarios/servidores y la ciudadanía para adaptar los servicios a las plataformas tecnológicas, señaló la Directora Nacional. /DCS